Desde el 1 de junio de 2026 a la fecha, desde el Observatorio Mundialista de Derechos Humanos de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), hemos documentado al menos 39 eventos relacionados con violaciones a derechos humanos, de los cuales 36 ocurrieron en la Ciudad de México, los demás en Puebla, Toluca y Monterrey, acumulando 66 incidencias registradas, ya que un mismo hecho puede involucrar más de una afectación a derechos humanos.
Los hallazgos documentados muestran una tendencia preocupante: la implementación de medidas de seguridad, control y gestión del espacio público asociadas al mundial están teniendo impactos directos sobre el ejercicio de derechos fundamentales.
Entre las principales violaciones a derechos humanos registradas se encuentran actos de represión a la protesta social, abuso de autoridad, omisiones y agresiones por parte de agentes del Estado, revisiones injustificadas, operativos de seguridad con efectos restrictivos sobre el ejercicio de derechos y detenciones arbitrarias. En cuanto a los posibles responsables, destaca la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de agrupamientos policiales especializados, además de corporaciones policiales estatales y municipales.
Lejos de tratarse de hechos aislados, estas incidencias evidencian un proceso de creciente securitización del espacio público que coloca en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales, particularmente la libertad de reunión, manifestación, expresión, participación política, el derecho al libre tránsito y defensa de derechos humanos. Lo documentado hasta ahora constituye una señal de alerta temprana sobre las consecuencias que puede tener la organización de un megaevento deportivo cuando las políticas de seguridad se colocan por encima de las obligaciones estatales de respeto, protección y garantía de los derechos humanos.
Resulta especialmente preocupante que las principales víctimas de estas violaciones son personas manifestantes, particularmente jóvenes, estudiantes, integrantes del movimiento magisterial, personas defensoras de derechos humanos, familiares de personas desaparecidas y periodistas.
En los eventos documentados se han registrado encapsulamientos, despojo de pertenencias personales y de trabajo, detenciones arbitrarias, amenazas relativas a cometer crímenes de lesa humanidad y actos de violencia sexual en contra de mujeres detenidas, uso excesivo de la fuerza, uso de artefactos explosivos y balas de goma disparadas en contra de manifestantes, golpes, posibles actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Los hechos documentados hasta ahora muestran que las violaciones a derechos humanos no ocurren de manera aislada, sino acompañados de actos y narrativas oficiales enfocadas en la criminalización de la pobreza, la protesta, la defensa de los derechos humanos, despliegues extraordinarios de seguridad y el control del espacio público. Nos preocupa profundamente que estas narrativas hayan sido reproducidas desde los más altos niveles del poder público, incluyendo expresiones emitidas por la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República.
Cuando las autoridades presentan las demandas sociales como amenazas al orden público o asocian la protesta con conductas delictivas, no sólo incumplen su obligación de proteger derechos, sino que contribuyen a generar condiciones que favorecen la violencia, la discriminación y la represión. Además, olvidan el problema de origen, situación con la que agravan la omisión.
Esta situación resulta particularmente grave para las familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, quienes históricamente han enfrentado procesos de revictimización, estigmatización y falta de protección. Los discursos de criminalización incrementan los riesgos que enfrentan quienes buscan a sus seres queridos y debilitan las condiciones necesarias para el ejercicio de su derecho a la verdad, la búsqueda, la justicia y la participación.
Dichas acciones también representan un riesgo particular para las poblaciones callejeras y personas migrantes. La experiencia ha demostrado que, bajo discursos de recuperación de espacios públicos, reordenamiento urbano, seguridad o mejoramiento de la imagen de las ciudades sede, suelen implementarse acciones de desplazamiento forzado, retiro de pertenencias, desalojos y prácticas de limpieza social dirigidas contra personas que habitan o desarrollan su vida en el espacio público. Nos preocupa que, en el contexto de la Copa Mundial 2026, estas medidas puedan profundizar procesos de exclusión y vulneración de derechos, afectando el acceso al espacio público, la integridad personal, los medios de subsistencia y el derecho a una vida digna de miles de personas.
Observamos también con preocupación cómo estas narrativas han permeado en distintos sectores sociales, generando reacciones de hostilidad, descalificación y violencia contra personas y colectivos que ejercen derechos legítimos. Ello ha derivado en expresiones revictimizantes, discriminatorias y, en diversos casos, atravesadas por violencia de género, afectando directamente los derechos a la libre manifestación, la libertad de expresión y la libre reunión.
La experiencia internacional ha demostrado que los megaeventos deportivos suelen generar riesgos específicos para los derechos humanos cuando se privilegian enfoques de seguridad y control por encima de las garantías democráticas. En distintas ediciones de la Copa Mundial y otros eventos de gran escala se han documentado restricciones indebidas a la protesta social, desplazamientos de comunidades, desalojos, vigilancia masiva y limitaciones al uso del espacio público. En ese contexto, los hechos documentados por el Observatorio no deben entenderse como incidentes aislados, sino como una señal de alerta que debe ser atendida oportunamente para garantizar que la Copa Mundial 2026 se desarrolle con pleno respeto a los derechos humanos.
Finalmente, se destacan las agresiones cometidas contra personas periodistas, quienes han sido víctimas de detenciones arbitrarias, agresiones físicas y de diversos obstáculos para el ejercicio de su labor mientras realizaban acciones de documentación. Estas agresiones no sólo vulneran sus derechos a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, sino que afectan el derecho de toda la sociedad a estar informada. En contextos de alta presencia policial y de restricciones al espacio público, garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo es indispensable para prevenir abusos de poder y asegurar que las actuaciones de las autoridades sean observadas y escrutadas públicamente.
Frente a ello, exigimos:
El cese inmediato a la criminalización, estigmatización y deslegitimación de la protesta social. Exigimos que se rectifiquen las narrativas oficiales que califican la protesta social y la defensa de los derechos humanos como actos delictivos. Es imperativo que el Estado deje de utilizar un lenguaje que estigmatiza a movimientos sociales, colectivos de búsqueda y manifestantes, pues este discurso legitima la represión y pone en riesgo directo la integridad física de las personas.
El Gobierno Federal, en coordinación con las autoridades locales, debe suspender inmediatamente y de manera definitiva los operativos de “securitización” extrema que restringen el uso del espacio público. Es necesario establecer y transparentar protocolos claros para las fuerzas de seguridad (incluyendo las especializadas) que garanticen el respeto absoluto a la libertad de reunión, manifestación y libre tránsito, asegurando que el despliegue de seguridad por el Mundial no sea una excusa para ejercer abuso de autoridad o detenciones arbitrarias.
La garantía plena del derecho a la protesta social, la libertad de expresión, la libre reunión y la participación en el espacio público.
La garantía de que ninguna acción asociada a la organización de la Copa Mundial 2026 derive en desplazamientos forzados, desalojos, retiros de pertenencias o prácticas de limpieza social contra poblaciones callejeras u otras personas que habitan, trabajan o utilizan el espacio público.
La investigación pronta, independiente e imparcial de todas las violaciones a derechos humanos documentadas por el Observatorio, incluyendo detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, actos de tortura y agresiones contra personas manifestantes y periodistas.
La identificación, sanción y rendición de cuentas de las personas servidoras públicas responsables, así como la garantía de medidas integrales de reparación.
La adopción de medidas efectivas de protección para personas defensoras de derechos humanos, colectivos de búsqueda y personas periodistas.
El respeto irrestricto al ejercicio periodístico y la generación de condiciones que permitan la documentación independiente de los impactos sociales y de derechos humanos asociados a la Copa Mundial 2026.
El pleno respeto al derecho a la integridad personal, uno de los derechos más afectados en el contexto del Mundial 2026. El uso desproporcionado de la fuerza, las agresiones físicas y el empleo de agentes químicos contra manifestantes, periodistas, personas defensoras y población civil son incompatibles con las obligaciones del Estado de prevenir, proteger y garantizar los derechos humanos.
