Por: Javier E. Icaza En México la realidad superó la percepción de inseguridad en materia de violencia política. A la fecha suman ya 10 presidentes municipales o alcaldes que han fallecido de manera violenta desde que inició el actual sexenio. Todas esta muertes han sido derivados de homicidios de alto impacto mediático sin respuesta certera por parte de la autoridad.
Si bien es cierto que cada caso es distinto, la constante de la comunicación de gobierno ha sido apegarse al frio y estricto procedimiento legal: No se pude informar cuando no se cuentan con los elementos legales y los tiempos procesales para hacerlo.
Informar con base a las preguntas especulativas de la prensa siempre es una errática decisión, sin embargo, la comunicación gubernamental obliga también ejecutar estrategias de prevención, control de crisis y reparación de daños que generen claridad, certezas, cercanía y certidumbre.
Y justo en esa parte es donde el gobierno federal- y obviamente los gobiernos estatales y municipales- han sido endebles: Errores en los datos, declaraciones fuera de tiempo e imprecisas, voceros institucionales en total desapego a la forma y fondo, portavoces legislativos dedicados más exacerbar declaraciones de política marrullera y barata más que dar seguridad y respuestas a mediano y largo plazo.
Si las instituciones federales han sido flanco criticable por su carente eficacia en la comunicación de crisis, los gobiernos estatales lo son todavía mas. La carencia de una estrategia en la materia es evidente a pesar de contar con los recursos necesarios para estar preparados. Parece inaudito que las entidades federativas con mayor riesgo ante los embates del crimen organizado no tengan la preparación adecuada para evitar la inacción y el caos en su reputación e imagen.
En el segundo semestre de 2023 y los primeros seis meses de 2024 fueron asesinados cerca de 37 candidatos a cargos de elección popular. La empresa de consultoría y análisis de riesgos Integralia reportó que hasta junio de este año iban cerca de 112 políticos asesinados y un total de 200 casos de violencia política, contabilizando amenazas, atentados, secuestros, desapariciones y otros delitos.
Cifras alarmantes en cualquier arista de un análisis multidisciplinario para temas de inversión, confianza, percepción de seguridad, pero sobre todo para hacer política en lo local en México.
Los costos electorales en los municipios se elevarán más de un 100 por ciento tanto como para promover el voto como para ejercer el gobierno. Hoy las y los presidentes municipales no solo deben reforzar sus estrategias de control de crisis, si es que las tienen, sino pensar con cabeza fría los costos de sus posibles reelecciones.
En México el costo económico, social y familiar de ser alcalde o presidenta municipal cada vez será mas oneroso reputacionalmente si los gobiernos no invierten en estrategias de comunicación gubernamental profesionales para el control de crisis, reparación de daños y para fortalecer indicadores de percepción de seguridad.
Hoy los Poderes legislativos federal y estatales brillan por su ignominioso silencio e inacción.
Te puede interesar: El diagnóstico de Zedillo sobre la muerte de la Democracia
