Mientras Birmex acumula hallazgos de daños al erario y funcionarios reconocen fallas en las compras consolidadas, en la Dirección General de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional surgen denuncias de un esquema que restringiría la competencia para favorecer a empresas específicas en contrataciones por cientos de millones de pesos. El resultado es el mismo en ambos lados: derechohabientes que no reciben lo que necesitan.
En Birmex, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó en octubre un posible daño patrimonial de 419.5 millones de pesos por compras consolidadas sin respaldo documental suficiente, además de posibles contrataciones indebidas por 192.8 millones.
Entre los casos figura un pago en exceso de 65.6 millones a Farmacéuticos Maypo. Estos datos se suman a la cancelación en 2025 de la compra consolidada por sobrecostos estimados en hasta 13 mil millones de pesos, que provocó la destitución de directivos y el reconocimiento público de Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial, de “posibles indicios de corrupción” y de fallas que generaron retrasos de meses.
Carlos Alberto Ulloa Pérez, actual director de la paraestatal, enfrenta cuestionamientos por la persistencia del desabasto y por contratos de gran volumen, como el de vacunas contra Covid adjudicado a Laboratorios Liomont por un monto máximo cercano a 31 mil millones de pesos hasta 2030. Alrededor del 5% de las recetas del sector público siguen sin surtirse; proveedores como Neuronic Mexicana han incumplido entregas prioritarias de ketamina y metotrexato.
El deterioro también alcanzó a las Fuerzas Armadas. Documentos oficiales indican que el Hospital Central Militar surte apenas el 56% de las recetas en 2026, lejos del 90-98% que mantuvo durante décadas, lo que obliga a militares y sus familias a comprar medicinas de su bolsillo. En este contexto aparecen señalamientos que involucran a la coronel enfermera diplomado de Estado Mayor Blanca Jiménez Zenteno, subdirectora de Sanidad, y al capitán Juan Pablo Arriaga, titular de la Unidad de Control y Gestión.
Según las denuncias, ambos habrían establecido un mecanismo que limita la participación de empresas para beneficiar a firmas preferidas, en contravención de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que exige adjudicar a quienes cumplan técnica, administrativa y económicamente.
En la compra de equipo médico para la 5ª sección del Hospital Central Militar (especialidades pediátricas), con techo de 558 millones 421 mil 125 pesos, se señala que se estarían favoreciendo empresas que técnicamente no garantizan el cumplimiento de los requisitos.
En la remodelación, ampliación y equipamiento del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y del Niño, por 265 millones de pesos, la estrategia descrita consiste en dejar desiertas la mayor cantidad posible de claves en la primera vuelta para adjudicarlas después de manera directa. De ese presupuesto solo se habrían adjudicado 55 millones 74 mil 49 pesos en la etapa inicial.
El procedimiento más amplio es el servicio de mantenimiento integral a equipos médicos de diversas marcas, con techo de 417 millones de pesos. De 54 empresas que manifestaron interés y presentaron ofertas, tras reuniones a puerta cerrada el proceso se habría cerrado a solo cinco, entre ellas Lofloes SA de CV, Medical Dimegar SA de CV y Grupo Aldai SA de CV. El resultado fue que la mayoría de las claves quedó desierta, afectando la operatividad de los equipos y la atención a los pacientes.
Estás prácticas no solo representan un riesgo patrimonial, sino que profundizan el desabasto en sistemas que históricamente fueron de los más estables del país. Las denuncias exigen una revisión independiente de expedientes, estudios de mercado y actas, tanto en Birmex como en la Sanidad de Sedena, para esclarecer responsabilidades y restablecer la competencia en las compras de salud del gobierno federal.
Crisis de medicamentos se extiende de Birmex al sector militar
