Se modifican las formas de inseguridad en Querétaro

La organización civil México Evalúa dio a conocer su estudio análisis sobre personas desaparecidas y no localizadas bajaron 23% durante el primer trimestre de 2026 frente a 2025, detallando que las entidades con las tasas más bajas son: Oaxaca, Estado de México, Yucatán, Coahuila y San Luis Potosí. Mientras que las entidades con mayores tasas son: Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Nayarit y Michoacán.

En el caso del estado de Querétaro se detalla que se ubica junto a diversas entidades registran incrementos relevantes en varios fenómenos de inseguridad como es desaparición de personas Chiapas, Ciudad de México, Puebla, el propio Querétaro, Campeche y Tabasco), otros delitos contra la vida (Morelos, Hidalgo y Guerrero), feminicidio (Chiapas, Sinaloa y Jalisco) y homicidio culposo (Tlaxcala, Ciudad de México, Guerrero, Querétaro, Sonora y San Luis Potosí).

En términos de dinámica criminal, dentro de este grupo se identifican entidades con conflictos de mayor intensidad — como Morelos, Chiapas, Ciudad de México, Chihuahua, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, Tabasco, Sonora y Sinaloa— donde operan organizaciones con capacidades regionales o nacionales. En estos contextos, la violencia adopta formas más complejas y diversificadas, que no necesariamente se reflejan únicamente en el homicidio doloso.

En el ámbito local, destacan dos realidades. Primero, una realidad, de corto plazo, en donde prácticamente todas las entidades (26) registran una reducción de la violencia homicida. Dentro de este panorama de aparente pacificación, no obstante, destacan entidades en donde el problema prevalece, principalmente Colima con una tasa de 22.2 por cada 100 mil habitantes con tendencia al alza, que supera más de 50 veces la tasa de Yucatán. Querétaro es el sitio sexto con menos presencia de este delito con un 1.0 individuo víctima por cada 100 mil habitantes. Segundo, a largo plazo, prevalece un contexto de deterioro de las condiciones de seguridad. 17 entidades son más violentas que en 2015, destacando, también en este rubro, Colima (+334%), Oaxaca (296%) y Tabasco (173%)

Las entidades con mayores tasas de personas desaparecidas son: Sinaloa (5.8 personas), Sonora, Baja California Sur, Nayarit y Michoacán. Las entidades con las tasas más bajas son: Oaxaca, Estado de México, Yucatán, Coahuila y San Luis Potosí, el caso de Querétaro es el lugar 18 con 1.6 desapariciones por cada 100 mil personas.

En el caso de los feminicidios, en el corto plazo, la tendencia es mayoritariamente a la baja: 21 entidades federativas reportan una reducción de los feminicidios en comparación con el primer trimestre del año pasado. De estos, tres entidades mantienen reducciones consistentes desde 2015 y 2018: Jalisco, México y Coahuila. A largo plazo, lo que se observa es un incremento en 14 entidades, de las cuales cinco mantienen incrementos constantes que dan cuenta de la prevalencia de un problema estructural: Sinaloa, Morelos, Sonora, Chiapas y Durango. Mientras que Querétaro, se ubica en el lugar 22 de 32 entidades con un 0.07 personas acaecidas por cada 100 mil féminas. El mayor porcentaje es Sinaloa con 0.47 y el menor es Aguascalientes con 0 al 2026.

Los homicidios culposos apenas se redujeron 5% en comparación con el primer trimestre de 2025 y 0% respecto a 2018. Este comportamiento es, en principio, el esperado para un delito asociado principalmente a accidentes. No obstante, las anomalías se presentan a nivel estatal, donde se observan incrementos drásticos en el medio y largo plazo. En el caso de Querétaro, al 2026, se coloca en el noveno sitio con este delito con un 3.9 de esos por cada 100 mil personas.el primer sitio nacional es Quintana Roo con 11.8. El menor es Nuevo León con 0.8, en este 2026.

A nivel nacional, en el primer trimestre de 2026 todos los indicadores de violencia letal —tanto de forma individual como en su conjunto— mantienen tendencia a la baja comparados con el mismo periodo de 2025. Las cifras indican que el Homicidio doloso tuvo un menos 33%. Otros delitos contra la vida con un menos-24%. Desapariciones un menos 23%. Feminicidio con un menos 15%. En Homicidio culposo con un menos 5%. En Violencia letal (suma de todos los indicadores) un menos 22%.

El documento señala que todavía no hay ejercicios sustantivos de evaluación —ni por parte del Gobierno ni por actores de la sociedad civil-, que permitan saber cuál es el impacto real de las políticas federales en la reducción de los registros de homicidios dolosos y otros indicadores de violencia letal. Dicho ejercicio es imprescindible pues esta reducción en las cifras genera dudas.

Si bien México presenta niveles de violencia menores a los observados el año pasado, todavía mantiene niveles considerablemente altos de violencia. Frente a 2018, persisten incrementos en personas desaparecidas (35%) y en otros delitos contra la vida (83%). En una perspectiva más amplia, de diez años, se observa un deterioro acumulado: +172% en otros delitos contra la vida. +147% en desapariciones. +55% en feminicidio. +36% en violencia letal agregada la disminución.

Se informó que el control de las organizaciones criminales sobre el territorio observada en entidades como Guanajuato, Baja California, Estado de México, Sinaloa, Nuevo León, Quintana Roo y Zacatecas podría explicarse por dos tipos de políticas coordinadas entre la federación y las entidades. Primero las preventivas, con un marcado sesgo de tipo social; y segundo las operativas, orientadas al debilitamiento de las organizaciones (decomisos de armas, drogas, vehículos y detenciones de liderazgos criminales con responsabilidades operativas).

En síntesis, este grupo muestra que la reducción del homicidio puede coexistir con el desplazamiento o transformación de la violencia hacia otras modalidades, lo que cuestiona su uso como único indicador de mejora en seguridad.

Por ello, México Evalúa señala que se debe mejorar la calidad de la información es una condición indispensable para diseñar políticas efectivas, particularmente en rubros como personas desaparecidas y otros delitos contra la vida. Esto requiere avanzar hacia esquemas de gobernanza democrática en los que víctimas, organizaciones acompañantes, academia y otros actores participen en la definición, ejecución y supervisión de las metodologías.