El delito de secuestro es uno de los ilícitos considerados de alto impacto en la sociedad, debido a los daños causados a las víctimas y sus familias, además de afectar el tejido social por las consecuencias de la privación ilegal de la sociedad. Un avance importante fue la promulgación de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, en vigor desde 2010 y con importantes reformas en 2011, 2014, 2016, 2018 y 2021.
Aunado al marco legal, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha reportado las tasas de este delito en el fuero común. En 2015 se registraban 0.87 secuestros por cada 100 mil habitantes a escala nacional; este indicador tuvo incrementos anuales constantes hasta llegar a 1.06 en 2018, y prácticamente quedar igual en 2019. Sin embargo, a partir de 2020 disminuyó esta tasa (0.65), hasta llegar a 0.35 en 2023, y en los primeros 10 meses de 2025 a 0.29.
Parte de estos avances ha sido por las labores de fuerzas de seguridad pública especializadas, a fin de prevenir y erradicar el delito de secuestro, tanto del orden federal, estatal y municipal. Ejemplo de esto son los avances registrados en Querétaro, al pasar de una tasa estatal de 0.90 casos por cada 100 mil habitantes en 2015, a 0.52 en 2018; y 0.24 en 2024; este resultado es menor que el promedio nacional.
avances registrados en Querétaro, al pasar de una tasa estatal de 0.90 casos por cada 100 mil habitantes en 2015, a 0.52 en 2018; y 0.24 en 2024
Pese a los avances logrados, el secuestro es un ilícito que está considerado en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024 – 2030, como uno de los prioritarios a atender. Además, también es un tópico incluido en diferentes políticas públicas de seguridad pública en las entidades federativas, lo cual contribuye a atender la demanda ciudadana de una cultura de paz.
Entre las mediciones que realizan las instituciones de seguridad y justicia acerca de este delito, destacan las clasificaciones de extorsivo, con calidad de rehén, para causar daño, exprés, u otro tipo. Las evaluaciones de estos indicadores permite una mejor toma de decisiones, al tiempo de ajustar las estrategias para inhibir o disminuir la incidencia de los distintos ilícitos.
Estos esfuerzos también reflejan las actividades de las organizaciones de la sociedad civil; quienes alertan acerca de riesgos en la contabilidad de los ilícitos, tal como lo es la cifra negra, es decir, los delitos que no son denunciados.
En ese sentido, la Encuesta Nacional de Victimización y Prevención de la Seguridad Pública (Envipe) 2025 presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) destacó que se cometieron 94 mil 679 secuestros a alguna persona integrante del hogar, con 92 mil 888 víctimas en 2024.
Ambas cifras son las mayores desde 2020, pero menores a las registradas en 2019 con 106 mil 886 secuestros y 105 mil 189 víctimas. Esta fuente también mencionó que 43.5% de los casos de secuestro duró menos de un día; uno de cada cuatro (25.7%) de uno a tres días; y 23% más de cuatro días, durante el año señalado.
Por tanto, el desafío en materia de disminución y erradicación de los secuestros en nuestro país es la atención en la cifra negra; ya que 98.1% de los casos de este delito no fueron denunciados en 2024, cifra mayor a la registrada en 2023 (95.2%). El trabajo en conjunto entre asociaciones y fundaciones, con las acciones gubernamentales permitirán afrontar estas conductas delictivas. Ante todo, se debe fortalecer los esfuerzos para la cultura de la denuncia, así como lograr tasas locales de cero secuestros.
El secuestro es uno de los delitos más destructivos para las víctimas, familias y sociedad en general debido a sus desastrosas consecuencias como privación ilegal de la libertad, afectaciones psicológicas y de salud, impacto económico, desplazamientos, miedo en la sociedad, entre otros. Por lo que es de gran importancia reducir los riesgos ante esta conducta delictiva.
