Nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los delitos en materia de Extorsión. Respuesta del Poder Legislativo ante las amenazas del crimen organizado.
Por: Juan Pablo Aguirre Quezada
La puesta en vigor de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una respuesta del Poder Legislativo ante un crimen que ha lesionado a miles de personas y familias en todo el país, y que es una de las principales preocupaciones para los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
En ese sentido, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024 – 2030 identifica a la extorsión como uno de los delitos que mayor impacto causa en la sociedad. Debido a que este delito tiene diferentes modalidades como amenazas de forma directa, cobro de piso, llamadas anónimas, engaños, montachoques, monta deudas, entre otros; afecta de diferente forma a las personas, causando afectaciones patrimoniales, cierre de comercios, daños psicológicos y emocionales a las víctimas, lesiones, asesinatos, alejamiento de inversiones, y daños al tejido social, entre otras consecuencias.
El número de denuncias en el delito de extorsión a escala nacional ha sido mayor de 10 mil casos por año de 2021 a 2025, cifra superior en comparación con los años previos. Sin embargo, este crimen es uno de los que tiene mayor cifra negra, es decir, sólo se denuncian 3% o 4% del total de este tipo de ilícitos. La ciudadanía no lo denuncia en gran medida por el monto económico afectado, miedo a represalias, desconfianza en las autoridades, entre otros motivos.
Cabe destacar que la tasa de extorsión en el fuero común era de 4.91 casos por cada 100 mil habitantes en 2015 a escala nacional, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El indicador descendió en 2016 (4.64); para regresar prácticamente a los mismos niveles en 2017 (4.92). en 2018 y 2019 la tasa de este delito creció de forma considerable (5.33 y 6.87); para registrar una disminución en 2020 (6.21).
Sin embargo, en 2021 la tasa en todo el país del delito de extorsión se elevó a 6.84; y otro ascenso el siguiente año (7.96). En 2023 se alcanzó una ligera disminución (7.88); y la tendencia continuó para 2024 (7.74); y un mejor resultado en los meses de enero a octubre de 2025 (6.72). Pese a ello, este delito es uno de los que más preocupa y afecta a la sociedad mexicana.
Por entidades federativas, los estados que registraron las mayores tasas en el delito de extorsión de acuerdo con las cifras brindadas por el SESNSP fueron Morelos (16.49), Guanajuato (16.21), Ciudad de México (15.24), Colima (14.73), Nuevo León (12.57), Baja California Sur (12.28), y Estado de México (10.87). En contraste, las menores tasas se registraron en: Oaxaca (1.47), Coahuila (1.31), Durango (0.83), Tlaxcala (0.83), Chihuahua (0.25)y Yucatán (0.08).
La nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión también fortalece el marco legal para perseguir estos delitos, al complementar otras disposiciones consideradas en el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, o la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pese al avance, la población mexicana requiere de resultados tangibles que permitan que todas las personas puedan realizar sus actividades cotidianas sin el temor de ser víctimas de este tipo de ilícitos.
Algunas encuestas en materia de seguridad pública, en especial la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública realizada de forma anual por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), serán instrumentos de medición importante que permitirán conocer si la nueva Ley y las acciones realizadas por las corporaciones de seguridad pública en materia de extorsión son exitosas o no. Más importante será lograr un sentir ciudadano de vivir en una situación de paz sin peligros de ser víctimas de este tipo de delitos.
