Por Juan Pablo Aguirre
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 presentado por Transparencia Internacional mostró resultados preocupantes para la mayoría de los países de América Latina, con serias amenazas para la democracia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Los países mejores evaluados fueron Uruguay (73 de 100 puntos) y Costa Rica (56). Si bien el promedio en la región fue de 42 puntos, la organización alerta de que países como Colombia (37), Brasil (35) y México (27) tienen graves consecuencias por las infiltraciones de la delincuencia organizada internacional en la política, debido a la corrupción de sus instituciones gubernamentales.
El IPC 2025 ubica a México en el lugar 141 de 182 países evaluados con 27 puntos de 100, en donde esta calificación es la menos corrupta. El resultado de este año es cercano a lo logrado por países como Camerún, Nigeria, Guatemala o Papua Nueva Guinea.
Si bien en esta medición nuestro país obtuvo un punto más que en 2024, la percepción acerca de la corrupción es alta.
El indicador obtenido es el segundo más bajo de la serie de 2012 a 2025, en que históricamente el mejor puntaje fue en 2014 (35 puntos), mientras que el peor momento fue 2024 con una calificación de 26.
Ante estos resultados, la asesora regional para America Latina y el Caribe de Transparencia Internacional, Luciana Torchiaro, señaló aspectos que deben mejorar los gobiernos a fin de mejorar su calificación en el IPC, tales como jerarquizar la lucha contra la corrupción en la agenda pública, contar con un poder judicial independiente, cumplir puntualmente la Ley, respetar las garantías individuales, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, evitar el tráfico ilegal de dinero y flujos financieros.
Con estas acciones, el combate a la corrupción puede tener como resultado sociedades con menor riesgo de afectación por parte de la delincuencia organizada, y mejorar la calidad de vida de la población.
Este resultado pone a México por debajo del promedio de la región de América Latina, que en 2025 fue de 42 puntos. Nuestro país sólo superó a Guatemala (26), Paraguay (24), Honduras (22), Haití (16), Nicaragua (14), y Venezuela (10).
La calificación muestra la necesidad de impulsar políticas públicas enfocadas en combatir los efectos de la corrupción y mejorar la responsabilidad gubernamental acerca de la rendición de cuentas y el acceso a la transparencia, como parte de la defensa del Estado de derecho.
Si bien el resultado anual de esta medición fue de 31 puntos de 2020 a 2023, hubo un retroceso en 2024 al llegar a descender drásticamente a una calificación de 26. Por lo que un aspecto positivo en 2025 es que el resultado rompe una tendencia negativa.
No obstante, también demuestra que los esfuerzos gubernamentales en la lucha contra la corrupción aún no convence a gran parte de las y los ciudadanos, ya que el IPC mide la percepción, es decir, lo que las y los ciudadanos sienten en su entorno comunitario. Ejemplo de esto es que después de 10 años, este resultado no ha superado los 35 puntos alcanzados en 2014.
Los tres niveles de gobierno en México -federal, estatal y municipal- tienen una gran deuda con la sociedad en el tema de combate a la corrupción. Es uno de los temas más sensibles en los estudios de opinión pública, además de que la impunidad por actos deshonestos de las y los servidores públicos son una amenaza al cumplimiento del Estado de Derecho.
Los resultados del IPC muestran que la percepción de la corrupción en nuestro país es alta en comparación con la mayoría de las naciones evaluadas. La ciudadanía requiere de mejor calidad de la gestión administrativa, al tiempo de erradicar las conductas ilegales que han dañado la confianza de la población con las administraciones públicas.
