Detrás de cada sorbo de refresco, jugo, bebida azucarada o postre con azúcar, hay una gran industria que lucha por posicionarse dentro de tu gusto y finanzas; un sector salud que se ocupa de atender las enfermedades asociadas a su consumo, y quizá un Estado subordinado a intereses comerciales.
En el marco del Día Mundial de la Diabetes, El Poder del Consumidor y el Instituto Nacional de Salud Pública presentaron un seminario virtual para analizar la situación actual de la diabetes en México, con énfasis en su mortalidad, la carga atribuible al consumo de bebidas azucaradas y las políticas públicas necesarias para frenar la epidemia.
Durante este evento los panelistas advirtieron sobre el impacto sanitario y económico de padecimientos como la diabetes, así como de la interferencia de la industria de bebidas azucaradas en las políticas de salud pública.
Empresas refresqueras mantienen campañas de marketing social, patrocinios deportivos y alianzas institucionales que buscan proyectarlas como parte de la solución, mientras presionan para frenar o debilitar medidas como el impuesto a bebidas azucaradas, la regulación de publicidad infantil o las políticas escolares.
Tenemos el caso extremo de las Caravanas Navideñas de Coca-Cola, que a pesar de que violan el Reglamento a la Ley General de Salud en Materia de Publicidad y la Ley Federal de Protección al Consumidor, las autoridades las permiten. Estos conflictos de interés han retrasado decisiones urgentes a pesar de la evidencia científica que demuestra que estas bebidas están vinculadas a miles de muertes por diabetes y enfermedades cardiovasculares cada año. El llamado es claro: la salud pública no puede subordinarse a los intereses comerciales.
En este sentido, Christian Torres, coordinador de conflicto de interés en El Poder del Consumidor, agrega que la omisión del Estado ha favorecido la interferencia de la industria refresquera en las políticas de salud públicas.
“En México, la interferencia de la industria refresquera en las políticas de salud pública ha sido sistemática, estructural y sostenida, y se ha visto facilitada por la omisión del Estado. Desde las llamadas caravanas Coca-Cola que normalizan el consumo de bebidas azucaradas en poblaciones vulnerables, hasta la promoción de asociaciones público-privadas que disfrazan como acciones de “bienestar social”. Además, las puertas giratorias entre el sector público-privado de estas compañías han debilitado medidas realmente efectivas para reducir el consumo de bebidas azucaradas. Todo esto obstaculiza el derecho a la salud y perpetúa la epidemia de diabetes en el país. Es urgente reconocer estos conflictos de interés, exigir transparencia y proteger las políticas públicas del poder corporativo”.
Especialistas coincidieron en que México no puede seguir perdiendo vidas por causas ligadas al consumo de productos dañinos. Reforzar políticas públicas, blindarlas ante la interferencia de la industria y priorizar la salud sobre los intereses comerciales es hoy una decisión impostergable.
Juan Carlos Salgado, economista en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP, reconoció algunos avances que se han logrado a través de la imposición de impuestos y etiquetado.
“En México, el impuesto a las bebidas azucaradas ha sido efectivo para reducir las compras de este tipo de bebidas y generar beneficios económicos netos a nivel social. El etiquetado frontal de advertencia ha reforzado esta política al disminuir la intención de compra de estas bebidas azucaradas y al promover su reformulación, reduciendo el contenido de azúcar sin aumentar el uso de edulcorantes no calóricos”.
Desde 2014, el impuesto a bebidas azucaradas en México redujo su compra entre 6% y 12% en los primeros años con el mayor impacto en hogares de menores ingresos y proyectando una reducción de decenas de miles de casos de diabetes e infartos evitados. A esta medida se suma el etiquetado frontal de advertencia, que ha incentivado la reformulación: en las bebidas azucaradas, la proporción de productos con sello por EXCESO DE AZÚCARES disminuyó en 10.7 puntos porcentuales tras su implementación. Ambas políticas confirman que regular estos productos es eficaz para proteger la salud pública.
Sin embargo, para responder a la magnitud de la carga actual, se requiere elevar la tasa efectiva al menos a 20% del impuesto de bebidas azucaradas, consolidar el etiquetado frontal de advertencia como herramienta de elección informada, así como cerrar vacíos en publicidad en especial hacia niñas, niños y adolescentes.
Diabetes, principal efecto colateral
En México, la diabetes continúa entre las principales causas de muerte. Tan solo en 2024 se registraron 112,641 defunciones por esta enfermedad, de acuerdo con cifras preliminares del INEGI. Paralelamente, datos del Instituto Nacional de Salud Pública muestran que en 2022 el 18.3% de la población adulta (equivalente a 14.6 millones de personas) vive con diabetes.
Este escenario se agrava cuando se considera el papel de factores prevenibles, en especial el alto consumo de bebidas azucaradas. Un estudio publicado en Nature Medicine estimó que en México el 30% de los casos nuevos de diabetes tipo 2 (169,425 casos) y el 14.9% de las muertes por esta enfermedad son atribuibles a estas bebidas.
En el caso de las enfermedades cardiovasculares, 13.5% de los nuevos casos (60,850) y 9.2% de los decesos se atribuyen al consumo de bebidas azucaradas, ubicando al país entre los más afectados a nivel mundial.
Asimismo, durante los últimos 30 años la incidencia diabetes y enfermedades cardiovasculares ha aumentado en más del doble. La diabetes no ocurre de manera aislada coexiste con hipertensión, obesidad y dislipidemias, y se potencia en entornos con alta disponibilidad y marketing de productos con azúcares añadidos.
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