El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considero que la reestructura al interior del INE planteada en el plan B de reforma electoral, la cual implica el despido de distintos trabajadores y la fusión de áreas, no es inconstitucional.
Asimismo, tampoco percibieron irregularidad es retrasar el proceso electoral presidencial del 1 de septiembre a la última semana de noviembre, debido a que estos cambios están considerados por la constitución dentro de las facultades del poder legislativo.
En el documento, se estipula que es de los 34 artículos y temas que fueron impugnados, seis si son inconstitucionales, 12 no requieren una opinión electoral, ya que caen en otro ámbito, y 16 si son constitucionales.
Los ministros tuvieron una opinión dividida en 10 de los 16 puntos declarados sin contradicciones a la Constitución.
Los cambios en la plantilla del personal del INE, así como suprimir distintas plazas en los Órganos Públicos Locales Electorales, fueron temas impugnados por los partidos de la revolución democrática y movimiento ciudadano. Sin embargo, los magistrados aseguraron que son facultades con las que cuentan los legisladores, por lo cual no había una violación constitucional.
Asimismo, se consideró que no es inconstitucional realizar cambios en la paridad y las acciones afirmativas, ya que no se viola un principio de progresividad, puesto que las medidas adoptadas en procesos electorales anteriores fueron de carácter temporal.
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