Las áreas naturales protegidas (ANP) de México recaudaron en 2025 una cifra récord por cuotas de acceso, pero de cada 100 pesos sólo 47 regresaron a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para conservar las áreas. Con apenas 717 personas para cuidar 98 millones de hectáreas, las ANP operan en precariedad y riesgo, advirtió la coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA) en su informe Cuidar lo que importa: el presupuesto para el cuidado del ambiente y las áreas naturales protegidas en el Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027.
En 2025, las ANP recaudaron 473.8 millones de pesos por derechos de acceso, la cifra más alta registrada en la historia reciente de la Conanp. Ese monto representó, por sí solo, 46% del presupuesto total asignado a la Comisión en el año fiscal 2025. Es decir, las ANP recaudaron casi la mitad de lo que el Gobierno federal les presupuestó para operar. El factor principal de este récord fue el aumento de 100% en las cuotas de acceso en 2025.
Pero el dinero no regresó completo. Mientras que en 2023 y 2024, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) devolvió 94% de lo recaudado a la Conanp; en 2025, con nuevos incrementos, sólo reintegró 47%. Y de lo devuelto, la Conanp sólo ejerció el 81% del cual la mayoría (47%) fue destinado al pago de cuotas y aportaciones a organismos internacionales. Es decir, el turismo pagó un récord, pero ese dinero no se tradujo en mayor capacidad para cuidar los ecosistemas.
La recaudación provino mayormente de las regiones con mayor afluencia turística:
● Península de Yucatán y Caribe Mexicano: aportó 57% del total, con 270.4 millones de pesos.
● Península de Baja California y Pacífico Norte: 19%, con 88.3 millones de pesos.
Dentro de esas zonas, el dinero también provino de pocos lugares. El Parque Nacional Tulum fue el mayor generador de ingresos del país, con 125.6 millones de pesos —27% del total nacional—. Le siguieron Revillagigedo con 53.8 millones de pesos, y Arrecifes de Cozumel con 53.6 millones de pesos.
“La Ley Federal de Derechos es clara y lo que se cobra por la entrada a las ANP debería usarse para acciones de conservación, para hacer monitoreo de especies o restaurar ecosistemas. Pero, ante la falta de presupuesto del Gobierno federal, la Conanp se ve obligada a usar este dinero para pagar las cuotas internacionales, la luz, el internet, renta de equipo de cómputo impresiones” entre otros, dijo Gina Ileana Chacón, directora de Políticas Públicas de Wildlands Network México e integrante de NOSSA.
A esto se suma otra fuga. Los ingresos por autorizaciones a prestadores de servicios turísticos —artículo 194-C de la Ley Federal de Derechos (LFD)—, como el uso de embarcaciones, sumaron 8 millones de pesos en 2025. La ley no obliga a devolverlos a la Conanp, por lo que se quedan en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Entre 2018 y 2025, las ANP dejaron de recibir 50.4 millones de pesos por este concepto.
Esto se traduce en personal insuficiente. La figura de “guardaparque” no existe en la estructura oficial de la Conanp. En su lugar, en 2026 la Comisión reporta 717 personas de nivel operativo para cuidar 98 millones de hectáreas protegidas en todo el país —11.76% de la superficie terrestre y 23.78% de la marina—, donde realizan labores de vigilancia, monitoreo, restauración y atención a visitantes.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) recomienda un guardaparque por cada 500 hectáreas. Con ese estándar, México necesitaría 196,000 guardaparques para cuidar sus 98 millones de hectáreas. Es decir, cuenta con menos del 1% del personal recomendado (0.37%) y tiene un déficit de 99.63%.
En la práctica, es como si una sola persona tuviera a su cargo 136,680 hectáreas, el equivalente. Es 273 veces más territorio de lo que fija el estándar internacional.
Ese promedio esconde una realidad más grave: 91 de las 232 ANP no tienen a nadie asignado con estas funciones de campo.
Para dimensionar el impacto, basta ver los casos del noroeste del país, donde la falta de personal
● Parque Nacional Revillagigedo, Baja California Sur: sólo 2 personas para vigilar 14.8 millones de hectáreas, un territorio casi del tamaño de todo Coahuila.
● Valle de los Cirios, Baja California: 8 personas para atender 2.52 millones de hectáreas, una superficie más grande que todo el Estado de México.
● Reserva de la Biosfera El Pinacate, Sonora: una sola persona para atender 714,557 hectáreas, casi cinco veces el tamaño de la Ciudad de México.
El presupuesto para la Conanp propuesto en 2027 no corrige el rumbo: es de 1,591 millones de pesos, una caída real de 14 millones de pesos (0.9%) frente al presupuesto aprobado en 2026. Esa cifra se traduce en 16.2 pesos para ese año por hectárea protegida: menos de lo que cuesta una botella de agua para cuidar, durante todo un año, un territorio equivalente a un campo y medio de fútbol.
NOSSA considera urgente que los ingresos por cobro de derechos regresen en su totalidad a la Conanp, mediante la firma de un convenio con la SHCP o la modificación legal correspondiente. De lo contrario, advierte, se condenará a las ANP a operar con recursos cada vez más limitados y se pondrá en riesgo la biodiversidad de México.
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