El presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura de Querétaro, Sinuhé Piedragil Ortiz, recibió al presidente del municipio de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala, quien le entregó la “Iniciativa Querétaro por la Seguridad y la Justicia Especializada frente a delitos de alto impacto cometidos por adolescentes”.
Dicha iniciativa propone reducir la edad penal de quienes cometan delitos como homicidio, femenicidio, violación, y formen parte del crimen organizado, entre otros supuestos.
“Esta iniciativa no va contra las y los jóvenes que estudian, trabajan y luchan todos los días por salir adelante. Ellos son orgullo de nuestra sociedad y representan lo mejor de Querétaro.
Va dirigida únicamente a quienes deciden cometer delitos graves y destruir vidas. Porque cuando alguien cruza esa línea, debe haber consecuencias firmes para proteger a las familias y frenar que la violencia siga expandiéndose”, subrayó Chepe guerrero.
El alcalde estuvo acompañado por funcionarios de su gabinete, así como por diputadas y diputados de esta Legislatura, entre ellos el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Guillermo Vega Guerrero; además de las legisladoras Verónica Galicia Castañón y Juliana Hernández Quintanar y los diputados Antonio Zapata Guerrero, Gerardo Ángeles Herrera, Mauricio Cárdenas Palacios y Enrique Correa Sada.
Por su parte, Piedragil consideró que más allá de la pluralidad política, como representantes populares, el debate es un ejercicio natural, por lo que la discusión sobre este y otros temas importantes, deberá ser en tribuna:
“La representación es un acto público de frente al pueblo y es en la tribuna en donde se manifiestan y defienden las diferentes posiciones”, afirmó.
Sostuvo que es ahí donde la ciudadanía quiere verlos, dirimiendo temas trascendentes para la entidad y no en las redes sociales o en los medios de comunicación.
La iniciativa presentada por el alcalde de Corregidora, “busca fortalecer las capacidades del Estado y de los municipios para responder ante delitos de extrema violencia cometidos por adolescentes, manteniendo siempre el enfoque de reinserción social y protección de derechos”. En la propuesta se señala que “no busca criminalizar juventudes. Busca proteger a las familias, evitar la impunidad y cerrar espacios al crimen organizado”.
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