La Comisión Permanente emitió la Declaratoria de Reforma Constitucional de la Ley 3 de 3, con la que se suspende el derecho para que personas que hayan incurrido en violencia de género y deudores de pensiones alimentarias puedan ocupar empleos o cargos públicos en el sector público o ser candidatos a un puesto de elección popular.
La declaratoria tuvo lugar luego de su aprobación en la Cámara de Diputados y en el Senado, así como en 23 congresos estatales, con lo que se cumple el requisito para validar la reforma constitucional.
Todos los procesos electorales que se realicen en México a partir del 2024 deberán cumplir con este requisito para poder acceder a puestos gubernamentales, ya sean de representación popular o no.
A través de redes sociales diversos políticos de distintos partidos celebraron esta medida, la cual dijeron, es un avance para la justicia en México.
