Los trabajadores del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) exigieron nuevamente al gobierno mexicano la salvaguarda de sus derechos laborales, entre ellos, una liquidación conforme a la ley por los años laborados en el otrora órgano autónomo.
En un comunicado de prensa indicaron que la baja de los trabajadores de libre designación que se generó a partir de la extinción del IFT bajo ninguna circunstancia implica renuncia a los derechos laborales que les
corresponden.
“Los trabajadores de libre designación no renunciamos a nuestro empleo, ni decidimos romper relación laboral con nuestro patrón (el extinto IFT), sino que dicha fuente de empleo desapareció por ministerio de ley y derivado de una reforma constitucional”, indica el documento emitido desde la vocería del movimiento.
En el documento se precisa que los ex trabajadores del IFT que no eran de libre designación y que fueron contratados posteriormente por la CRT, ya recibieron su baja por parte del extinto Instituto junto con indemnizaciones que no corresponden al finiquito y al seguro de separación.
En el material enviado a medios de comunicación nacionales, locales e internaciones los ex trabajadores del IFT inconformes indican que los servidores públicos de las instituciones responsables de solucionar el tema mienten y actúan con mala fe y dolo.
El 3 de noviembre de 2025, fecha en la que los miembros del movimiento bloquearon la Avenida de los Insurgentes en la ciudad de México se les indicó que ya se contaba con el aval de la Subsecretaria de Egresos de la SHCP y de la subsecretaria Anticorrupción para el pago de las indemnizaciones, motivo por el
cuál se desbloqueo la referida vialidad, sin embargo, se infiere en el comunicado, fue promesa vacía.
Finalmente, se indica que varios trabajadores del extinto IFT, que fueron contratados por en la institución que se responsabilizó a asumir las funciones del extinto instituto han decidido no mostrar su apoyo al movimiento de inconformes de forma abierta, por temor a que escalen y suban de nivel las intimidaciones y amenazas o el condicionando la continuidad de su empleo a renunciar a sus derechos laborales.
