Por: Alhelí Lara. Ante la próxima derogación del Título 42, albergues en Querétaro preparan sus instalaciones ante un posible incremento de migrantes en la entidad hoy gobernada por Mauricio Kuri González.
Será el 11 de mayo cuando cese la restricción fronteriza para los migrantes, interpuesta por la Corte Suprema de Estados Unidos conocida como Título 42, la cual fue implementada durante el gobierno de Donald Trump.
El coordinador del albergue Toribo Romo, en la ciudad de Querétaro, Aristeo Olvera, señaló que el término de la orden que permitía expulsar rápidamente a los migrantes de los Estados Unidos por motivos de salud pública ante la Covid-19, atraerá a más migrantes, sin embargo, reconoció que ni el Título 42, ni otras restricciones representan un impedimento para buscar el llamado sueño americano.
“Mientras cada país no solucione sus problemas internos para frenar la migración, no habrá ley, ni restricción que detenga a los migrantes”.
Padre Aristeo Olvera.
A decir del sacerdote que coordina el Albergue, tanto las extorsiones del crimen organizado como la corrupción de las autoridades han provocado que el paso de migrantes se modifique en los últimos meses y menos personas traten de cruzar por el centro de el bajío, sin embargo, con la derogación del Título 42, Querétaro vuelve a ser una opción de cruce.
“Sí creemos que habrá más gente. Nosotros estamos preparados con dormitorios para mujeres y hombres, zona de comida, de esparcimiento, baños, ropa, etc. para recibirlos”
Padre Aristeo Olvera
Tanto en los municipios queretanos de Jalpan como de Landa de Matamoros, Cadereyta y San Juan del Río también cuentan con albergues y estaciones de paso para atender un incremento en el flujo de migrantes.
“En San Juan ya hemos entablado relación con diversas organizaciones para dar comida y tenis a los migrantes que pasarán por aquí. A veces es difícil que se acerquen por el temor que tienen, pero si traen su visa humanitaria que les da el gobierno de México, si se acercan”.
Colaborador de Casa del Río, San Juan del Río.
El 20 de marzo de 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, emitieron una orden de salud pública para detener la propagación del COVID-19 por sus fronteras.
Amparados en el Título 42, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) prohíbe la la fecha, a entrada de ciertas personas que “potencialmente representan un riesgo para la salud”. Ya sea por las restricciones de viaje previamente anunciadas o por haber ingresado ilegalmente al país con el fin de “eludir las medidas de detección médica”.
Según la CBP, las personas que son detenidas no son retenidas en áreas congregadas para su procesamiento y son expulsadas inmediatamente a su país de último tránsito.
Gracias al Título 42 los funcionarios fronterizos pueden expulsar inmediatamente a los migrantes que ingresan a través de Canadá y México hacia Estados Unidos, a excepción de los menores migrantes no acompañados.
Destacados demócratas como el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, calificaron la política de “draconiana” e “inhumana”.
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Con información de contexto de CNN
