En México se estimaron 33.8 millones de delitos durante 2025, sin embargo, sólo el 9% fue denunciado, así lo señala la la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Las estadísticas ponen sobre la mesa la enorme brecha entre las víctimas y el sistema de justicia.
Sólo el 1.1% de los delitos tuvo una resolución favorable para la persona denunciante, y 60.8% de quienes no denunciaron lo atribuyó a causas relacionadas con la autoridad, por ejemplo, al considerarlo como una pérdida de tiempo o desconfianza de las instituciones. Aquí surge otra pregunta menos visible: ¿qué ocurre con quienes sí deciden denunciar cuando la persona señalada tiene poder económico, laboral o familiar sobre ellas?
Para Lesly Fernanda Valencia González, socia fundadora de Valencia & Asociados, Abogados Penalistas, el problema no termina cuando se presenta una denuncia. En determinados casos, ese momento puede abrir una nueva etapa de vulnerabilidad, cuando existen amenazas, dependencia económica, vínculos laborales o familiares, o capacidad del denunciado para ejercer presión.
Las medidas de protección: qué son y cuándo proceden
En el sistema penal acusatorio, las medidas de protección buscan salvaguardar la integridad, la seguridad y la tranquilidad de la víctima mientras se investiga el caso. Proceden cuando existe un riesgo para ella, para su familia o para sus testigos, y el Código Nacional de Procedimientos Penales faculta al Ministerio Público para ordenarlas cuando estima que la persona imputada pone en riesgo su seguridad (artículo 137) y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias.
Pueden incluir la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, la limitación para acudir a su domicilio o a los lugares que frecuenta, la separación inmediata del agresor del domicilio, la vigilancia policial y el traslado a refugios temporales. En casos de violencia contra las mujeres, la legislación prevé además órdenes de protección de emergencia, preventivas y de naturaleza civil.
Quiénes pueden solicitarlas
La propia víctima o su asesor jurídico pueden pedirlas desde el inicio del procedimiento, y también pueden ser ordenadas por el Ministerio Público o por un juez cuando advierten un riesgo. Sin embargo, en la práctica muchas personas desconocen que tienen esa posibilidad, no las solicitan al denunciar o las piden cuando el peligro ya se materializó.
“Denunciar es apenas el primer paso. Cuando existe un desequilibrio de poder entre la víctima y la persona denunciada, la autoridad también debe considerar qué puede ocurrir después de que se presenta la denuncia: presiones, amenazas, acercamientos o represalias. La protección no debería activarse sólo cuando el riesgo ya se materializó; debe formar parte de la respuesta desde que la víctima informa que está en una situación de vulnerabilidad”, asegura Valencia González.
La especialista añade que, “una medida de protección no es un privilegio ni una concesión. Es un mecanismo previsto por la ley para reducir un riesgo concreto mientras la investigación avanza. Por eso, si la víctima considera que existe una amenaza para su integridad, su familia, su patrimonio o incluso su estabilidad laboral, debe comunicarlo desde el primer momento y dejar constancia de cualquier acto de intimidación o incumplimiento”.
Cuando el denunciado tiene poder
El desafío es mayor cuando la persona denunciada cuenta con recursos económicos, una posición laboral privilegiada o influencia familiar. En esos escenarios, la víctima puede enfrentar presiones para retirar la denuncia, represalias en su empleo, campañas de desprestigio o incluso contradenuncias que buscan desgastarla y desacreditarla.
Ante ello, Lesly recomienda buscar asesoría jurídica especializada antes o al momento de denunciar, solicitar expresamente medidas de protección, conservar pruebas de amenazas, mensajes o llamadas, informar de inmediato a la autoridad cualquier incumplimiento y construir una red de apoyo con familiares, amigos o instituciones de confianza.
“Una persona que denuncia no debería tener que elegir entre buscar justicia y sentirse segura. Desde el inicio es importante identificar los riesgos, solicitar las medidas de protección que correspondan y documentar cualquier incumplimiento. La denuncia abre una investigación, pero la protección permite que la víctima pueda atravesar ese proceso sin quedar nuevamente expuesta”, concluye la abogada penalista.
