La discusión sobre los derechos de las audiencias en México no debe quedar reducida nuevamente al debate entre censura y libertad de expresión, sino avanzar hacia una protección efectiva de la ciudadanía frente a un ecosistema mediático que ha cambiado radicalmente, advirtió Sandra Marcela Fernández Alaniz, especialista en medios públicos y análisis político.
A propósito de la consulta sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, abierta del 27 de julio al 21 de agosto de 2026 por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), la especialista sostuvo que el desafío es construir reglas capaces de proteger a televidentes y radioescuchas sin otorgar al Estado facultades ambiguas que puedan utilizarse para intervenir en contenidos o líneas editoriales.
En su análisis, Fernández Alaniz recordó que los derechos de las audiencias no son una figura reciente ni corresponden a una administración determinada, sino que son resultado de décadas de demandas provenientes de la academia y la sociedad civil para garantizar pluralidad, información y límites frente a los abusos del poder mediático.
La Reforma de Telecomunicaciones de 2013-2014 reconoció constitucionalmente a las audiencias como sujetos de derecho e incorporó obligaciones como diferenciar publicidad de información y contar con códigos de ética y defensorías.
Sin embargo, la autora señaló que el debate regulatorio ha permanecido atrapado en tres puntos de conflicto: la distinción entre información y opinión, la separación entre publicidad y contenidos, y las facultades sancionadoras de las autoridades.
Aunque consideró legítima la preocupación de periodistas y concesionarios ante cualquier norma que pueda abrir espacio a la censura, advirtió que concentrar toda la discusión en ese riesgo puede terminar dejando en segundo plano a quienes deberían encontrarse en el centro de la regulación: las audiencias.
“La amenaza de la censura paraliza la norma, y la paralización de la norma perpetúa la indefensión de los públicos históricamente más vulnerables”, plantea.
Fernández Alaniz también llamó a actualizar el concepto mismo de derechos de las audiencias, pues buena parte de la regulación continúa respondiendo a las características de los medios del siglo pasado, mientras las formas de producción y consumo audiovisual han sufrido profundas transformaciones.
Uno de los principales pendientes, señaló, es la protección de niñas y niños frente a contenidos audiovisuales diseñados para mantener su atención mediante ritmos acelerados, colores hipersaturados y otros recursos propios de las plataformas digitales.
La regulación, sostuvo, debería incorporar elementos relacionados con el neurodesarrollo, la concentración y la regulación emocional de las infancias, en lugar de concentrarse únicamente en disposiciones técnicas heredadas de la radio y televisión tradicionales.
También consideró necesario fortalecer los mecanismos de protección para personas con discapacidad y para comunidades indígenas y rurales, que enfrentan barreras de conectividad, idioma o alfabetización para ejercer sus derechos o presentar una queja ante los medios.
Otro de los aspectos señalados es la desigualdad entre los grandes grupos comerciales y los medios públicos, comunitarios, indígenas, sociales y afromexicanos. Aplicar las mismas obligaciones y sanciones a todos, afirmó, podría afectar especialmente a proyectos con recursos limitados y terminar perjudicando la pluralidad mediática.
La autora identificó además tres focos rojos alrededor del actual proceso de consulta.
El primero es la forma en que fueron presentados los lineamientos. Fernández Alaniz cuestionó que el anuncio se realizara desde la conferencia de la Presidencia de la República y no estuviera encabezado por las autoridades de la propia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
A ello se suma, dijo, la incertidumbre sobre la participación de especialistas y defensorías de las audiencias en la elaboración de la propuesta, así como una limitada presencia de jóvenes comunicadores, investigadores universitarios, tecnólogos y abogados de nuevas generaciones.
Para Fernández Alaniz, la actual consulta representa una oportunidad para construir un nuevo modelo de gobernanza de los medios, siempre que se eliminen ambigüedades que puedan permitir decisiones discrecionales por parte de las autoridades.
Entre sus propuestas se encuentra la creación de un Consejo Ciudadano y Colegiado, plural e independiente, que intervenga en los casos en que las quejas de las audiencias no sean atendidas, en lugar de dejar las decisiones únicamente en manos del organismo regulador.
Asimismo, plantea explorar sanciones informativas o reputacionales frente a incumplimientos reiterados, en lugar de depender exclusivamente de multas económicas, así como impulsar una Política Nacional de Alfabetización Mediática para formar audiencias capaces de contrastar información, identificar contenidos y tomar decisiones de consumo de manera crítica.
La autora sostiene que proteger los derechos de las audiencias no significa restringir la libertad de expresión, sino garantizar que las personas puedan acceder a información diversa, veraz y respetuosa.
El reto, concluye, será superar tanto la tentación de una regulación estatal excesiva como una autorregulación insuficiente de los medios, para colocar finalmente a las audiencias como sujetos activos de derechos dentro de la comunicación pública.
Urgen actualizar derechos de las audiencias ante riesgos del ecosistema digital
