Por Juan Pablo Aguirre.
La visión de una sociedad que realice todas sus actividades en ambiente de paz, con desarrollo humano y un crecimiento económico sustentable es el ideal que casi la totalidad de la población anhela. Sin embargo, los altos índices delictivos generan costos y consecuencias nocivas que afectan la integridad y el patrimonio de las personas.
Al respecto, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que el costo total del delito en todo el país ascendió a 269.6 mil millones de pesos durante 2024, lo que representa 1.07% del Producto Interno Bruto anual.
La alta incidencia delictiva genera desempleo y reducción del crecimiento económico, desalienta la iniciativa privada en medianas y pequeñas empresas, disminuye las inversiones, tanto extranjera como nacional, aumenta el costo de la vida para personas, familias y empresas debido a costos de extorsiones o robos, afecta la productividad, ahuyenta el turismo, obliga el cierre de negocios, incentiva el miedo colectivo, entre otras afectaciones a la vida cotidiana de la población afectada.
Algunos teóricos del tema de la seguridad pública consideran que realizar políticas exitosas podrían fortalecer la cultura de paz en las sociedades, y con ello generar beneficios económicos. Ejemplo de ello es el argumento sostenido por el doctor Irvin Waller de la Universidad de Ottawa, al señalar que se puede tener voluntad para incidir en las acciones para disminuir la violencia a 80%, y aumentar el PIB 5% en 5 años. Este postulado requiere fortalecer la cultura de la prevención, a fin de generar condiciones de paz social y cumplimiento de las leyes que permitan un mejor desarrollo.
La disminución en la cantidad de delitos beneficiaria a la población con ventajas tales como mejorar la confianza entre las instituciones de seguridad pública y la ciudadanía, progreso comercial, generación de empleos, acciones más eficaces contra la inseguridad, espacios públicos vigilados y aptos para que las personas salgan a las calles sin el temor de sufrir delitos.
La información que proporciona la Envipe del Inegi ofrece datos acerca del costo de la inseguridad por entidad federativa, además de comparar proporción en relación al PIB y pérdidas económicas a lo largo de los últimos años. Esta encuesta es de gran utilidad para dimensionar los delitos que no son denunciados, y ofrece mayor certeza acerca de los daños patrimoniales que sufren las y los mexicanos por los indicadores de inseguridad.
El gasto público en seguridad también requiere una eficiencia máxima, a fin de obtener mejores resultados y transparentar cada centavo destinado. Las metas esperadas influyen en una mejor percepción ciudadana, lo que fortalece la paz social y el desarrollo económico; mientras que las autoridades policiales pueden llevar a cabo estrategias como la proximidad comunitaria, a fin de prevenir y reducir las conductas delictivas.
Los costos de la inseguridad también se reflejan en los gastos que realizan empresas y particulares en la seguridad privada, lo cual ha sido una respuesta ante los riesgos delictivos. De acuerdo con la Secretaria de Economía, 866 mil personas están ocupadas en este sector, con una mayor presencia en las entidades federativas de Estado de México (137 mil), Ciudad de México (75.4 mil), y Jalisco (58.8 mil).
La relación entre inseguridad y economía genera condiciones que afectan tanto a personas, comunidades, empresas y gobiernos. Si bien en algunos años se ha disminuido el costo ocasionado por las actividades delictivas, ha afectado el desarrollo económico y social de las y los mexicanos. La formula de cultura de la paz y crecimiento del PIB puede mejorar la calidad de vida de la población.
